De acuerdo con el instructivo elaborado por el Consejo para la Transparencia, el Servicio Electoral ha completado la auditoría de cuatro trimestres, donde se contrasta la información publicada en los sitios web de las colectividades con la documentación física existente en sus sedes y en los registros del Servel, a fin de verificar la aplicación de los indicadores contemplados en la legislación.

En la última década Chile ha avanzado sustancialmente para elevar los estándares de transparencia en el quehacer político, adecuándose a los criterios internacionales sobre la materia. En dicho contexto, esta semana el Servicio Electoral (Servel) completó la cuarta fiscalización a los partidos políticos, correspondiente al trimestre abril-junio de 2018, en la cual se examinó el cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos en la Instrucción General N° 12 sobre Transparencia Activa de los Partidos Políticos, dictada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), y lo informado en la Circular N° 64, del 20 de septiembre de 2017, de acuerdo con la actual legislación sobre la materia.

En la revisión, que se llevó a cabo por la Subdirección de Partidos Políticos del Servel, se consideraron solo a las colectividades vigentes en cada trimestre. Cabe recordar que el primer periodo en que se aplicaron estas auditorías fue el comprendido entre julio y septiembre de 2017; para lo cual el Servel, junto al CPLT, realizó en agosto de ese año un taller de capacitación sobre transparencia activa orientado a las colectividades, enfocándose especialmente en los indicadores a medir y en cómo alcanzarlos.

La fiscalización contempla 50 preguntas sobre transparencia activa, respecto de las cuales se determina si las colectividades cumplen o no con lo solicitado. En términos globales en esta última fiscalización, el conjunto de los partidos mostró un 84% de cumplimiento en los indicadores generales, para lo cual se requería aprobar un 60% de los ítem evaluados; mientras que un 91,83% cumplió con las materias críticas, las cuales implican tener aprobados todos los ítem de esta categoría, y dicen relación con la visualización de las declaraciones de patrimonio e intereses de los candidatos e integrantes del órgano ejecutivo de la colectividad, la información financiera de ésta, y los aportes y gastos electorales que reportan.

Dicha auditoría muestra un positivo avance en el desempeño de los partidos, ya que en las revisiones anteriores los porcentajes globales han sido inferiores, lo cual evidencia el compromiso de las colectividades con la transparencia, especialmente porque las fiscalizaciones son cada vez más exigentes en cuanto a la verificación de la información.

En una primera etapa se audita la documentación publicada en los sitios web de los partidos y, en la segunda, se contrasta con la documentación física existente en sus sedes y en los registros del Servel, lo cual, si arroja discrepancias, se observa y notifica a los partidos mediante acta enviada al efecto.

“El proceso de fiscalización que está desarrollando el Servel ha contribuido de manera eficaz a que los distintos partidos avancen hacia una relación más transparente con sus afiliados y la ciudadanía en general. Sin embargo, aún hay materias en que se debe trabajar para mejorar los indicadores establecidos en la ley”, señaló el director del Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga; al tiempo que valoró la disposición de cada una de las colectividades para implementar las herramientas tecnológicas en las que se debe publicar la información.

Tras cada auditoría, los partidos son notificados de sus resultados, en función de los cuales deben hacer los ajustes que se requieren. En caso de identificarse infracciones al tenor de la ley, el Servel puede abrir un procedimiento administrativo sancionatorio para investigarlas y, de ser acreditadas, determinar las multas que correspondan.

MARCO LEGAL

Los alcances de los criterios que se consideraron en esta fiscalización se enmarcan en las reformas legales que se gestaron a partir de abril de 2016, cuando entraron en vigencia la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la Ley 20.915 para Fortalecer el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilitar su Modernización, las que, según el Director del Servel, propiciaron un nuevo paradigma para el ejercicio de la actividad política y de la democracia en el país.

En este sentido, los cambios normativos más relevantes que introduce la Ley 20.915 a la Ley 18.603 sobre partidos políticos, son aquellos que dicen relación con el acceso a la información y la transparencia que deben fomentar las distintas colectividades. Entre ellos, se incorpora el deber de mantener a disposición de los ciudadanos a través de sus sitios web −en forma completa, permanente, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación− una serie de antecedentes que se detallan en el artículo 49 de la citada ley de partidos.

En este marco legal, se asigna al Servicio Electoral un rol de fiscalización y control, mientras que al Consejo para la Transparencia uno de instrucción y capacitación. De modo que, para aplicar estas nuevas disposiciones y coordinar las acciones preventivas de fiscalización, se definió que el Servel realice de forma trimestral una revisión para verificar la aplicación de dichas exigencias, y que el Consejo para la Transparencia desarrolle un proceso de acompañamiento a los partidos políticos para incentivar las buenas prácticas en materias de transparencia, entre otras acciones.

Finalmente, el Director del Servel destacó este proceso de fiscalización como un significativo avance en materia de transparencia en la política, que va en línea con una ciudadanía cada vez más empoderada y que ejerce un rol fiscalizador más riguroso hacia sus autoridades e instituciones.

Resultados fiscalización transparencia activa 2017-2018

Dando continuidad al encuentro desarrollado en Concepción en alianza con la Fiscalía, este es un espacio para revisar los avances en la normativa, las causales de infracción y las figuras penales que subyacen en la legislación electoral.

 La Dirección Regional del Servicio Electoral (Servel) en Valparaíso, en conjunto con la Fiscalía de esa región, llevará acabo el próximo jueves 29 de noviembre la segunda versión del seminario “Experiencias y desafíos en el financiamiento de la actividad política en Chile”.

Tal como ocurrió en el encuentro desarrollado en Concepción el mes pasado, el principal objetivo de la actividad es colaborar con los partidos políticos en su conocimiento y posterior cumplimiento de normativa electoral.

En la instancia, que se desarrollará a partir de las 8:30 hrs. en el Auditorio de la Fiscalía Local de Viña del Mar, expondrán el jefe de la división de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral, Osvaldo Maldonado Segovia, quien se referirá al financiamiento de las campañas y el procedimiento de contabilidad electoral; y el jefe de la división de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos, Rodrigo Vivallo Zapata, quien explicará cómo opera el financiamiento público permanente a las colectividades y su fiscalización.

En la oportunidad, el fiscal adjunto de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Rebeco Muñoz, analizará los tipos penales introducidos por la Ley Nº 20.900 y algunos aspectos investigativos de interés.

Está proyectado que la actividad concluya pasado medio día con una ronda de preguntas.

Dada la relevancia de las materias a tratar, la directora regional del Servel en Valparaíso, Katy Cortés Valenzuela, invita a las directivas de los partidos políticos a participar de este encuentro, donde podrán aclarar dudas y conocer más sobre las buenas prácticas en el ámbito político-electoral.

De las 28 colectividades a las que les correspondía presentar sus cuentas anuales, 12 cumplieron con los criterios para ser aprobadas, diez fueron rechazadas y seis siguen en revisión.

 En el actual proceso de fiscalización de los balances anuales de los partidos políticos, correspondiente al ejercicio 2017, el Servicio Electoral (Servel) ha completado el 98% de las auditorías.

En este contexto, de las 28 colectividades a las que les correspondía presentar sus cuentas, 12 cumplieron con los criterios para ser aprobadas, diez fueron rechazadas y seis siguen en revisión.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Partidos Políticos deben practicar un balance anual y remitir un ejemplar al Servicio Electoral, a fin de verificar el adecuado uso de los recursos que reciben de parte del Estado a través de los aportes trimestrales.

Asimismo, la citada normativa establece que, si en el proceso de fiscalización se estima necesario formular aclaraciones, el Servel puede solicitar al partido antecedentes del caso, el que debe proporcionarlos en un periodo de 10 días hábiles. En este sentido, se detectó un total de 461 situaciones que requieren información adicional, y que las colectividades deben aclarar para resolver la aprobación o rechazo de sus cuentas.

Cabe señalar que el Servicio podrá rechazar el balance cuando no se ajuste a las anotaciones de los libros o contenga errores u omisiones manifiestos. En caso de no existir objeciones o si éstas han sido subsanadas, el Servel los aprueba y publica en su sitio web los extractos respectivos.

Finalmente, según el artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos, una de las consecuencias que acarrea el rechazo del balance es la suspensión de las transferencias de las cuotas trimestrales a los partidos que se encuentren en dicha situación. En tanto, una vez que sean aprobadas sus cuentas, se realizarán los pagos de los montos que corresponda, los que solo podrán retenerse por tres trimestres consecutivos; luego de lo cual, si el partido no ha cumplido, no podrá acceder a dichos fondos.

Avance de la fiscalización de balances 2017 de los partidos políticos (Al 12 de noviembre)

Revisa aquí el estado de los balances 2017.

Para acceder a estos fondos y que el Servel pueda autorizar los pagos que les corresponda, los partidos deben cumplir con una serie de condiciones, como acreditar que no tienen multas fiscales derivadas de Procedimientos Administrativos Sancionatorios y que sus balances anuales se encuentran aprobados.

De acuerdo con la normativa sobre el financiamiento de la actividad política incorporada en la Ley 20.915, el Servicio Electoral (Servel) determinó en la Resolución O N°0364 el aporte fiscal para el trimestre octubre-diciembre a distribuir entre los 20 partidos políticos vigentes al 30 de septiembre pasado, el cual alcanza los $ 1.589.731.055.

Conforme al artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos, el 5 de enero se determinó el monto anual en $ 6.447.158.173, a partir del cual se calculan las cuotas trimestrales que le corresponde a cada colectividad.

Así también, el mencionado artículo, establece que el 20% del monto trimestral a repartir se distribuye entre todos los partidos políticos, de manera proporcional al número de regiones en las que estén constituidos. En este trimestre, existen diez partidos que se encuentren constituidos en la totalidad del país, por lo que se les adiciona el monto de una región más, y recibirán un aporte equivalente a 17 regiones. En tanto, el 80% restante del aporte se reparte en favor de cada partido con representación parlamentaria, a prorrata de los votos válidamente emitidos a su favor en la última elección parlamentaria, incluyendo a los independientes que hayan participado en el mismo pacto electoral.

Para acceder a estos fondos y que el Servel autorice a la Tesorería General de la República (TGR) a cursar los pagos que correspondan, los partidos deben cumplir con una serie de condiciones. Cabe subrayar que mientras una colectividad no certifique que está apta para percibir el pago, éste no se efectuará; especialmente si se encuentra en situación de mora por multas fiscales derivadas de Procedimientos Administrativos Sancionatorios (PAS) o que sus cuentas y balances anuales están rechazados.

Entre los requisitos que se exigen en la resolución que aprueba los aportes del trimestre, los partidos deben entregar al Servel un certificado del tribunal supremo respecto a los acuerdos resolutivos de su órgano intermedio colegiado; y un certificado emitido por la TGR que acredite que no tienen moras por deudas fiscales. Asimismo, los partidos deben cumplir con la publicación en forma completa y actualizada de los aspectos financieros dispuestos en el artículo 49 (ver resolución), lo cual es fiscalizado por el Servicio.

Del mismo modo, deben informar la vigencia del actual administrador general de fondos, las adecuaciones a sus estatutos y certificar que comunicaron al Servicio Electoral todas las nuevas afiliaciones, desafiliaciones, adhesiones y renuncias que se produjeron en el periodo.

Finalmente, si bien no es un requisito para acceder al pago de este aporte, las colectividades deben utilizar al menos un 10% del total de los recursos públicos que reciben para fomentar la participación política de las mujeres. Este ítem de gasto se fiscaliza anualmente y, si un partido no ha cumplido con dicho mínimo, se descuenta un monto equivalente a lo faltante, el cual se ejecuta en tres cuotas, aplicándose en este trimestre la última, que afecta a ocho colectividades y suma $ 20.401.655.

Aportes trimestrales de octubre de 2018 (Resolución O-N°0364)

La actividad, que se desarrolló el 24 de octubre, tuvo como objetivo visibilizar las barreras que experimentan las mujeres para participar de manera plena, efectiva y en igualdad de condiciones en el mundo político nacional.

Los Diálogos de Inclusión surgieron en 2013 como un espacio donde destacados actores de la sociedad pueden compartir miradas y analizar situaciones en que las personas son segregadas o excluidas, vulnerándose sus derechos fundamentales. La VII versión de este encuentro, que es organizado de manera conjunta por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), se desarrolló el 24 de octubre pasado en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

En la instancia, donde se abordó como tema central la participación política de la mujer y, particularmente, las condiciones que la facilitan o dificultan y su representación en el Congreso, expuso el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría Mutis. Asimismo, participaron la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión Especial de Mujeres y Equidad de Género del Senado; las diputadas Loreto Carvajal y Gael Yeomans, integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara; Marcela Ríos, representante adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD); y Javiera Arce, secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad en la Universidad de Valparaíso.

El encuentro, cuyo objetivo fue visibilizar las barreras que experimentan las mujeres para participar de manera plena, efectiva y en igualdad de condiciones en el mundo político nacional, se desarrolló en dos mesas de discusión.

En la primera, Patricio Santamaría se refirió a las tareas pendientes que existen para avanzar en la participación de la mujer: “Hay que garantizar el derecho humano político de la mujer para elegir, ser elegida y participar en igualdad de condiciones en el gobierno del país, junto con superar las barreras culturales, sociales y económicas, que son requisitos fundamentales de la integridad electoral que asegura los procesos democráticos”.

Para la autoridad del Servel este fue un diálogo muy constructivo, que permite relevar el tema, a fin de dar pasos concretos en la inclusión de más mujeres en política, tal como lo ha venido haciendo la legislación electoral en los últimos años; y que producto de las cuotas de género, que se aplicaron por primera vez en 2017, se ha logrado incrementar su representación en el Congreso.

Asimismo, destacó las iniciativas que está promoviendo el Servel, como es el nuevo instructivo que regula el gasto en el fomento de la participación política de la mujer que realizan los partidos políticos, debiendo destinar al menos un 10% de los recursos públicos que reciben a dicho fin. En esta misma línea, valoró el trabajo que se está desarrollando en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional para Impulsar y Fortalecer la Participación de Mujeres en Política, que suscribieron el Servicio Electoral, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al que adhirieron la mayoría de las colectividades, y cuyo propósito es que cada partido pueda efectuar las mejoras que sean necesarias para avanzar en la inclusión de la mujer en la actividad pública.

La actividad, que se desarrolló este martes 30 de octubre, en el segundo taller que se realiza en el contexto de la implementación del convenio para fortalecer la participación de mujeres en política; además, se capacitó a los asistentes en el uso de la herramienta de autodiagnóstico de los partidos en igualdad de género.

En el marco de la implementación del Convenio de Colaboración Interinstitucional para Impulsar y Fortalecer la Participación de Mujeres en Política, que suscribieron el Servicio Electoral (Servel), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esta mañana se llevó a cabo el segundo taller de capacitación en la materia dirigido a las colectividades que adhirieron a éste.

En dicha instancia, el jefe de la división de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos del Servel, Rodrigo Vivallo Zapata, presentó el nuevo instructivo que regula el gasto destinado al fomento de la participación política de la mujer.  Cabe señalar que, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 18.603, al menos un diez por ciento del total aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres y en el caso de que un partido no cumpla con el porcentaje de gasto mínimo establecido, se le debe descontar de los aportes que recibirá al año siguiente un monto equivalente a lo faltante para cumplir dicho mínimo. En este sentido, el Servel adecuó los criterios, en función de la experiencia y el resultado de las fiscalizaciones sobre este tema, a fin de dar fiel cumplimiento a la exigencia legal y un correcto uso a estos recursos.

De esta manera, según explicó Vivallo en el taller, en adelante solo se entiende por gasto de fomento de la participación de mujeres en política aquel que tiene por finalidad directa incentivar y permitir el rol activo de la mujer en las distintas instancias del partido, sean estas formativas, deliberativas, ejecutivas, resolutivas o de representación. Así, quedan descartados en este ítem los gastos asociados a la preparación o producción de reuniones de la organización interna de los partidos políticos; las actividades de reflexión o conmemorativas; y los seminarios, estudios y acciones de difusión destinados a la preparación de candidatas a cargos de elección popular; entre otras.

Asimismo, en el caso de aquellas actividades que por contrato se ejecutan en más de un año, solo se considera como gasto de dicho periodo la parte o proporción que corresponda a lo efectivamente realizado dentro del año. Además, los documentos de respaldo, sean boletas o facturas, deben emitirse en las fechas señaladas, de lo contrario se debe anexar una nota explicativa.

Una de las novedades más importantes del nuevo instructivo, es que en el proceso de validación del cumplimiento del gasto se pide a los partidos presentar al Servel un cronograma anual de las actividades que realizarán para fomentar la participación de mujeres en política, para lo cual tienen plazo hasta el último día hábil de marzo de cada año. Además, cada actividad deberá notificarse por correo electrónico, al menos con cinco días hábiles de anticipación, a fin de llevar a cabo la fiscalización correspondiente, de estimarse necesario.

Toda la información de respaldo y que acredite la realización de los gastos en la materia, debe presentarse en el Informe de Gastos de Fomento de la Participación Política de la Mujer, el que tiene con fecha límite de recepción el 15 de enero de cada año.

Tras la exhaustiva revisión a dicho informe, el Servel resolverá los gastos que corresponden y observará aquellos que no. En caso de que la colectividad no cumpla con el mínimo requerido, podrá impugnar las conclusiones de la fiscalización dentro de los 10 días hábiles siguientes ante el Director del Servel, quien resolverá en el mérito de las mismas.

Finalmente, y para dar seguimiento a la efectividad y buen uso de estos recursos, el Servicio Electoral podrá solicitar a los partidos indicadores de gestión de tipo cuantitativo y cualitativo de las actividades realizadas.

AUTODIAGNÓSTICO EN IGUALDAD DE GÉNERO

En el taller, que se extendió hasta pasado medio día, también se capacitó a los asistentes en el uso de la herramienta de autodiagnóstico de los partidos políticos en igualdad de género, con lo cual se inició la última fase de este programa de acompañamiento, que tiene por objeto que cada colectividad pueda efectuar las mejoras que sean necesarias sobre la materia.

“Tanto las acciones derivadas del convenio para fortalecer la participación de mujeres en política, como aquellas que contempla la legislación sobre esta misma temática, son muy importantes para el Servicio Electoral, y estamos trabajando de manera muy comprometida para fiscalizar su cumplimiento y posibilitar así que más mujeres se sumen a la actividad política, contribuyendo con sus talentos y miradas a construir un mejor país para todos”, concluyó el director del Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga.

Instructivo de Fomento de la Participación Política de la Mujer.

El encuentro, que se desarrolló los días 25 y 26 de octubre, convocó a la mayoría de las instituciones del ámbito electoral de toda América y El Caribe para discutir entre otras materias, sobre el uso de tecnologías para la gestión electoral y la pertinencia de las misiones de observación en los actos electorales.

Las instituciones miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), que agrupa a 24 países de América y El Caribe, se reunieron los días 25 y 26 de octubre en Ciudad de México en el marco de la XIV Conferencia Interamericana de Organismos Electorales.

En dicho evento, participó el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel), Patricio Santamaría Mutis, a quien le correspondió ser facilitador del grupo de trabajo sobre el uso de tecnologías para la gestión electoral, y relator del grupo que debatió respecto de la pertinencia de las misiones de observación en los actos electorales.

Esta conferencia se realizó en cumplimiento del acuerdo que adoptaron los integrantes de UNIORE en su encuentro de 2016 en Asunción, Paraguay, y tuvo como temática central el fortalecimiento de las autoridades electorales, su independencia, profesionalización y cooperación internacional.

Asimismo, se abordaron materias como la independencia de las autoridades electorales, las herramientas de gestión estratégica, la comunicación institucional a través de herramientas tecnológicas, las estrategias para combatir la desinformación y las noticias falsas, y la metodología de la observación electoral, entre otras.

“En el plenario de la Conferencia planteamos la necesidad de profundizar la asociación entre los órganos electorales, a fin de enfrentar los nuevos desafíos que surgen para los procesos de votación, en especial la difusión de noticias falsas, el uso de datos personales y la manipulación de electores que puedan distorsionar las elecciones”, comentó Patricio Santamaría. Además, destacó que, en tiempos de participación y transparencia, debe haber absoluta claridad del origen, características, rol y funciones de las misiones electorales, las que pueden ser de organizaciones políticas, partidistas, o de la sociedad civil; sin embargo, señaló que debe existir absoluta nitidez de la naturaleza de cada una de ellas.

En este contexto, el Presidente del Consejo del Servel dijo que, siendo UNIORE la asociación no gubernamental más grande del continente, es necesario resguardar el carácter técnico, imparcial, autónomo e independiente de las misiones de observación y las de acompañamiento. “Sabemos de elecciones, las hacemos y las hacemos bien”, concluyó.

Finalmente, en el marco del desarrollo de este encuentro, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México asumieron la presidencia pro tempore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

En el encuentro, que se llevó a cabo entre el 24 y 26 de octubre en la Universidad del Desarrollo y que convocó a destacados investigadores y referentes de la disciplina, el consejero Alfredo Joignant y la investigadora del Consejo Directivo Daniela Hormazábal se refirieron al comportamiento electoral de los militantes antiguos, nuevos y suspendidos.

Como manera de difundir la información electoral y, en particular, las cifras de participación de los actos electorales realizados en 2017, y que el Servicio Electoral (Servel) disponibilizó en octubre en la sección de datos abiertos de su sitio web (ver aquí), el consejero Alfredo Joignant Rondón y la investigadora del Consejo Directivo del Servel Daniela Hormazábal participaron en el XIII Congreso Chileno de Ciencia Política.

El encuentro, que se desarrolló entre el miércoles 24 y el viernes 26 de octubre en la Universidad del Desarrollo, es una de las instancias más importantes del país sobre la disciplina, y reúne a expositores nacionales e internacionales. Asimismo, es un espacio para el intercambio de ideas y la creación de redes entre los investigadores.

En esta oportunidad, los trabajos que se presentaron debían poner en tensión innovación y tradición, dando cuenta de la evolución teórica y práctica, con especial énfasis en las nuevas formas de estudiar y entender la actividad política y la ciencia política como disciplina.

En este contexto, el consejero y la investigadora del Servicio Electoral expusieron en el panel sobre el impacto de las reformas institucionales y electorales en la política chilena, junto a los profesores Pamela Figueroa, de la Universidad Central; Peter Siavelis, de la Wake Forest University; Emmanuelle Barozet, de la Universidad de Chile; y Kirsten Sehnbruch, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

La ponencia presentada se tituló “Militantes antiguos, militantes nuevos y militantes zombis: perfiles demográficos, sociales y comportamiento electoral”, y en ella se abordó cómo cambió la composición demográfica del padrón de militantes tras la realización del inédito proceso institucional de reafiliación a los partidos políticos en Chile, que se desarrolló entre 2016 y 2017 luego de la reforma a la Ley de Partidos Políticos.

Según las estadísticas oficiales y que son administradas por Servel, se puede concluir que mayoritariamente los afiliados a las distintas colectividades del país son nuevos militantes, más jóvenes que en los antiguos padrones, y con una mayor inclusión de mujeres en ciertos partidos.

Asimismo, de acuerdo con los datos presentados y en relación con el estudio sobre el comportamiento electoral de los militantes en las últimas elecciones generales, se desprende que los “nuevos” afiliados votan menos que los militantes “ratificados” y “suspendidos”, y que los “ratificados” son los afiliados más comprometidos electoralmente, alcanzando mayores niveles de participación.

A su vez, los militantes que más participan provienen de los partidos tradicionales, con algunas excepciones. Por otra parte, se observó que en las elecciones primarias los afiliados registran una baja participación electoral respecto su participación en elecciones generales.

Finalmente, en el panel se planteó la pregunta: ¿Significa esto que el militantismo chileno se ajusta a la figura ideal-típica del individuo que concurre a un partido político para afiliarse a él, o hay racionalidades y lógicas sociales subyacentes?”, la cual abrió un interesante espacio de debate entre los asistentes.

 Revisa la presentación aquí.

El encuentro, en que participaron el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, y representantes de la Fiscalía Regional, se realizó en la Universidad de Concepción.

En el marco de sus actividades de formación ciudadana, este lunes 22 de octubre la Dirección Regional del Servicio Electoral (Servel) en el Biobío, dirigida por Juan Eduardo Toledo Cartes, en conjunto con la Fiscalía de esa región, la que estuvo representada por la fiscal Marcela Cartagena Ramos, realizaron el seminario “Experiencias y desafíos en el financiamiento de la actividad política en Chile”, donde se abordaron las principales problemáticas en la materia y las figuras penales que subyacen en la legislación electoral, poniendo énfasis en el análisis de buenas prácticas orientadas a mejorar el ejercicio de la política.

Uno de los principales oradores de la jornada, fue el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría Mutis, quien señaló que la realización de este seminario es parte de una serie de encuentros para tratar diferentes temas, los cuales comenzaron el 11 de octubre en la Universidad Diego Portales, y continuarán en otras universidades que se irán sumando a dichas iniciativas.

En esta oportunidad, la Universidad de Concepción fue la anfitriona para tratar el tema del financiamiento político. “Esta es una materia particularmente importante, porque si bien requiere considerar medidas anticorrupción que eviten la mala relación entre el dinero y la política, también debe garantizar el derecho a elegir y ser elegido, que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, comentó Santamaría, y explicó que es deber de los Estados garantizar la participación de las personas de manera igualitaria en el gobierno de su país, de tal manera que éste también debe hacerse cargo de financiar la política, ya que hay razones de principio y prácticas para ello.

“El financiamiento público tenemos que mirarlo como una manera de ir rompiendo trabas que impiden que las personas que tienen capacidades, aptitudes y vocación de servicio público puedan dedicarse a la tarea política”, subrayó.

Asimismo, el programa del seminario consideró una revisión a la legislación electoral referida al financiamiento, que comienza a ser regulada desde 2003 y que en 2016 prohibió los aportes de las empresas, enfatizó las contribuciones de las personas naturales y estableció el financiamiento público que se entrega a los partidos de manera trimestral para su gestión.

En este sentido, el Presidente del Consejo Directivo del Servel dijo que también se establecieron mecanismos de finamiento de las campañas, en especial para las mujeres candidatas, quienes tienen un reembolso superior al de los hombres y, en caso de ser electas, sus partidos reciben un monto para que puedan continuar fomentado su participación. “Si bien son medidas parciales de la ley de cuotas y que estarán vigentes hasta 2029, tienden a buscar soluciones a la no inclusión que experimentaban las mujeres en política”, señaló.

Respecto a la legislación actual, Patricio Santamaría comentó que el Servel se encuentra trabajando en propuestas de modificaciones para perfeccionarla, a las que se hará referencia en los próximos meses en el Congreso. “Hemos conversado con el Ministro Secretario General de la Presidencia, y vamos a plantearle algunas propuestas de reformas. Como Consejo Directivo del Servicio Electoral, hemos hecho la evaluación del ciclo electoral 2016 y 2017, y nos encontramos con que se requiere hacer algunos ajustes”, señaló, y agregó: “Hay interés del Ejecutivo y queremos avanzar con reformas para mejorar el sistema electoral, que lo hagan más justo y equitativo”.

“Por ejemplo, los reembolsos a que tienen derecho los candidatos no están funcionando como fue concebido, por lo que debieran revisarse. Para que operen, deben acreditarse créditos bancarios con mandato o acompañarse boletas o facturas, en ambos casos, pendientes de pago. Los bancos no han estado disponibles para otorgar créditos con mandato, y no es realista pedir a los proveedores que acepten mantener por meses deudas pendientes. Esto influye especialmente en las campañas de quienes tienen menos recursos”, concluyó Santamaría.

Por su parte el director regional del Servel en el Biobío, se mostró muy satisfecho por la alta participación de autoridades nacionales y regionales, y la gran convocatoria de representantes de los partidos políticos, los cuales pudieron aclarar dudas y conocer más sobre la normativa electoral.

Durante la jornada, también expusieron representantes de la Fiscalía, el jefe de la división de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral del Servel, Osvaldo Maldonado Segovia, quien abordó el financiamiento de las campañas y el procedimiento de contabilidad electoral; y el jefe de la división de Registro y Funcionamiento de Partidos Políticos, Gabriel Villalobos Melo, quien explicó cómo opera el financiamiento público permanente a las colectividades.

Revisa nota relacionada aquí

En el encuentro regional de alto nivel, donde se hizo un seguimiento a las conferencias de 2016 y 2017, la autoridad del Servicio Electoral se refirió a las reformas en el financiamiento de la política que desde 2003 se han estado realizando en Chile, haciendo énfasis en el derecho que tienen las personas a elegir y ser elegidas.

Entre el 18 y 19 de octubre, se realizó en Lima, Perú, la Conferencia Internacional y Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), convocada con el tema “Integridad para el buen gobierno en América Latina: de los compromisos a la acción”. El evento fue inaugurado por el presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra Cornejo; la vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco; el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría Treviño; y la directora y sherpa de la OCDE, Gabriela Ramos.

En este contexto, participó el presidente del Consejo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría Mutis, como uno de los oradores del Panel “Tiempo para el Cambio: Integridad en las campañas electorales y financiamiento de los Partidos Políticos”; junto al secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de Argentina, Adrián Pérez; y a la consejera del Instituto Nacional Electoral de México, Claudia Zavala. Dicho Panel, fue presidido por el asesor senior de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, Fernando Tuesta; y la la introducción a éste estuvo a cargo del jefe adjunto de la División de Integridad en el Sector Público de la OCDE, Julio Bacio-Terracino.

El Presidente del Servel expuso sobre las reformas en el financiamiento de la política que desde el año 2003 se han estado realizando en Chile, haciendo un especial hincapié en las establecidas por las Leyes 20.900 y 20.915 en abril de 2016: “El financiamiento de las campañas electorales y de los Partidos, al regular la relación entre el dinero y la política, tiene una dimensión destinada a extirpar la corrupción de nuestras sociedades, pero no se debe olvidar que también es fundamental para garantizar el ejercicio del derecho humano de ‘elegir y ser elegido’ reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

“Esto último es un punto esencial, porque el establecimiento de las regulaciones debe hacerse evitando generar un escenario que, por razones económicas, impida el surgimiento de nuevos liderazgos o de partidos emergentes. Las personas tienen el derecho a elegir y ser elegidas y el Estado debe garantizarles su ejercicio, eliminando las barreras que lo entraben, en especial las de carácter económico; por ser este uno de los ejes de la integridad electoral”, concluyó Santamaría.

En tanto, en el encuentro, que se enfocó en el pilar de gobernanza, se llevó a cabo el seguimiento a las dos Reuniones Ministeriales anteriores sobre las temáticas “Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo”, celebrada en Santiago, Chile, entre el 5 y 6 de diciembre de 2016; y “Hacia sistemas de protección social inclusivos en América Latina y el Caribe”, realizada en Asunción, Paraguay, el 16 de noviembre de 2017.

Imágenes: Gentileza del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

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