“Le faltan atribuciones al servicio para realizar una fiscalización más efectiva”

En medio de los cuestionamientos surgidos por los supuestos aportes irregulares a campañas políticas a raíz del  caso Penta, el Servicio Electoral (Servel) trabaja en una serie de mejoras de la Ley de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, que regula, entre otros puntos, los aportes privados y públicos entregados durante las elecciones. Entre las 12 observaciones que realizaron a la normativa, el director del Servel, Eduardo Charme, reconoce las limitaciones que tiene el organismo para fiscalizar y sancionar eventuales irregularidades durante el proceso.

¿En qué situación se encuentra el Servel para detectar y sancionar irregularidades?

Le faltan atribuciones al servicio para realizar una fiscalización mucho más efectiva. Se requieren atribuciones adicionales para poder contrastar con la realidad las cuentas presentadas por los candidatos y por los partidos.

¿Es necesario aumentar las sanciones a los partidos o candidatos que incurran en irregularidades?

Sin duda que la potestad sancionatoria siempre la ha tenido el Servel y, que en la medida que se robustezca esa potestad, se están generando condiciones de contexto para que sea más efectiva la transparencia y el control del gasto. No todo lo que es potencialmente sancionable como infracción a estas normas es potestad del Servel. Porque hay un ámbito -y hoy lo estamos viendo- que es propio de la justicia del crimen. El servicio dentro de su normativa no sanciona delitos, sino que administrativamente. Eso sí, las sanciones administrativas que aplica el Servel podrían ser mucho más poderosas, para que tengan un efecto disuasivo real.

¿A qué apuntan las 12 observaciones que hicieron a la ley electoral actual?

Todo lo que estamos planteando como perfeccionamiento a la normativa actual sin duda contribuye a dar mayor transparencia (…). Si el Servicio Electoral se va a limitar a revisar los papeles que le llegan, obviamente es insuficiente. Si no tiene facultades para contrastar una cuenta que se le rinde con la realidad del gasto, que es el escenario actual, obviamente todo este principio del control del gasto solo queda en una cosa bastante formal.

¿Qué falencias detectaron en el análisis que hicieron a la normativa de gasto electoral?

Probablemente los límites de gastos de las campañas ya merezcan una revisión. El aumento en el límite tiene que ver con el incremento de los electores y la inscripción automática. Esa sola reforma generó una inflación en los límites de gasto en las campañas. A la luz de esa experiencia podríamos replantearnos los límites de gastos electorales.

¿Qué cambios son los que requiere el Servel para cumplir su rol?

El Servicio no puede ser objeto de nuevas atribuciones o responsabilidades sin ser sujeto de una transformación institucional integral. Es el minuto de que en plazo breve se ingrese un proyecto de ley que reorganice el Servel en su planta funcionaria, en sus procesos, en su infraestructura y su forma de financiamiento. Eso es algo que no se puede postergar. Toda esta conversación pública respecto del perfeccionamiento electoral o sobre el financiamiento de la política y control del gasto, puede quedar en letra muerta si esto no recae en un organismo electoral robusto.